Acción Nacional: la deriva democrática

FECHA

Carlos Castillo

El sábado 16 de marzo de 2013, en la Ciudad de México, el Partido Acción Nacional terminó de operar el cambio estatutario que transformó una normatividad que, luego de más de setenta años, funcionó para conducir su vida interna en apego a un modelo democrático en su momento único en el país.

              Un cambio que obedecía, en primer lugar, al agotamiento de un esquema de democracia indirecta en el que, a través de asambleas y convenciones, se seleccionaban delegados y consejeros, quienes a su vez se encargaban de elegir a autoridades internas y puestos de elección popular.

              El aumento en el padrón partidista a raíz de varios lustros de triunfos en los tres niveles de gobierno, así como su manipulación y cooptación por parte de las dirigencias fueron parte de las causas de ese agotamiento, aunados a la germinal pero ya implantada semilla del corporativismo a nivel interno, el reparto de las posiciones de poder como premios o castigos a cercanos y críticos…

              Modelo agotado y en ocasiones hasta pervertido que para funcionar requería, además de habilidad y liderazgo político, una serie de acuerdos no escritos que permitían conciliar intereses, la convivencia de distintos liderazgos y su articulación bajo los valores de la democracia, el ascenso de perfiles nuevos que poco a poco se incorporaban y eran parte clave en los triunfos panistas de los años noventa.

              Fue la ruta que se siguió desde 1939, cuando a la fundación de Acción Nacional acudieron diversos sectores de las entonces incipientes clases medias, universitarios, académicos, juristas, abogados… El liderazgo de Gómez Morin en la defensa de la autonomía de la Universidad Nacional, su paso por diversas instituciones públicas y privadas durante el gobierno callista y su labor como profesionista le permitieron, junto al filósofo católico Efraín González Luna, tejer las redes necesaria para conformar un partido de oposición.   

              Hubo claridad en cuanto a la importancia de contar con un diseño institucional sólido, normado pero a su vez reflejo de valores trascendentes. La técnica en el diseño de instituciones adquirida por Gómez Morin era el medio para un fin superior: la dignificación de la vida pública nacional a través de un ideario que centraba toda la actividad social en torno de la dignidad de la persona humana.

              Humanismo político inspirado en la Doctrina social de la Iglesia, en las corrientes liberales estadunidenses y europeas, en la herencia tomista y aristotélica, en la búsqueda de un punto intermedio entre el liberalismo ya desde entonces deshumanizado de la industrialización, y el comunismo que en la Unión Soviética apuntalaba un imperio frágil que tras la segunda guerra mundial se levantaría como uno de los extremos del mundo bipolar.

              La alternativa no podía ser otra que la democracia. Una doctrina que se centra en la dignidad humana habla de libertad y de igualdad, habla de pluralismo y de comunidad, y solo la democracia permite que estos valores, que estos principios rectores puedan ser la base de una convivencia, de un bien común.

              Era la democracia que se demandaba para México y que primero se vivía de manera interna. Democracia que dice diálogo y debate, que dice acuerdo y generosidad, que dice encuentro de diferentes en el que el vencedor no humilla y la derrota no envilece.

              La fundación de Acción Nacional tomó cuatro días. Debates, propuestas, argumentos, respaldos, votaciones, generación de documentos, nuevos debates, enmiendas, comisiones redactoras, más votaciones, registro puntual y mecanógrafo de las jornadas… Democracia.

              Y fue esa misma democracia la que el propio PAN puso a prueba para darse cuenta que si bien se vivía en un régimen democrático que la Constitución garantizaba, no se contaban con las condiciones para participar democráticamente: la redacción de principios del PAN de 1939 no incluye el concepto Democracia, y será no obstante parte de la agenda de los primeros cuatro diputados panistas el contar con las leyes, los mecanismos y las instituciones que permitieran una vida bajo las condiciones mínimas que exige este régimen de gobierno.

              Diez años fueron los que Gómez Morin ocupó la dirigencia de Acción Nacional. Dejó tras de sí el primer triunfo de la oposición en un municipio michoacano, Quiroga, aquellos cuatro primeros diputados (de los cuales uno renunció al partido), alguna esporádica diputación local… Lo cierto es que en 1949 el PAN era ya una organización de carácter y presencia nacionales, que participaba abiertamente en la vida política del país y que se proponía ser “escuela de ciudadanía” para México.

              Como partido de cuadros, el PAN ponía especial énfasis en la formación de su militancia: conferencias, círculos de estudio, charlas y tertulias, ediciones y manuscritos: el legado impreso de los materiales que recogen una parte mínima de ese esfuerzo de capacitación es inmenso y está a resguardo, se conserva y es asimismo testimonio de una vida partidista vigorosa.

              La importancia de esa formación era clave para la participación en el trabajo interno. Evaluaciones y cursos condicionaban un ascenso que premiaba tanto el conocimiento como el trabajo ciudadano, la promoción política y la colaboración electoral. Por esa vía llegaron perfiles universitarios que en la década de los sesenta aportaron visiones nuevas, conceptos nuevos, un diálogo renovado que se tradujo en las primeras dos capitales ganadas (Mérida y Hermosillo), y una generación de políticos e intelectuales encabezada por Adolfo Christlieb Ibarrola y Efraín González Morfín.

              Las crisis económicas de los años setenta y ochenta, así como la cercanía con un empresariado que padeció los malos manejos financieros del gobierno, dieron al PAN un auge renovado que sumó organización, recursos, nuevas temáticas y nuevos liderazgos a un partido que venía de crisis internas, tanto en lo ideológico como en la forma en que se recibían las incipientes pero reales muestras de apertura por parte del gobierno.

              Y esos nuevos perfiles que se acercan al PAN, que se interesan en las ideas del PAN y que suman sus propuestas a las demandas históricas del PAN son los que encabezan los triunfos o grandes gestas en el nivel estatal y municipal que, a partir de 1989, se suman hasta que en 2000 se logra la alternancia en la Presidencia de la República: Ernesto Ruffo, Francisco Barrio, Fernando Canales, Manuel Clouthier, Luis H. Álvarez, Vicente Fox, entre otros tantos.               

              Una estrategia gradual, paciente, de movilización y de debate legislativo, de resistencia civil y propuestas de leyes, de formación democrática, de vida interna que se mantuvo fiel a un modelo de representación que hasta ese momento sirvió para reunir, organizar y articular el esfuerzo de miles de ciudadanas y ciudadanos.               

              Distintos argumentos comenzaron a ser utilizados y avalados para justificar una creciente concentración de poder en la dirigencia partidista, y que prácticamente apuntaba al control de las candidaturas y su reparto entre los distintos grupos al interior del panismo: a las prácticas excepcionales (uso de encuestas como método de elección en lugar de asambleas y convenciones) siguió la institucionalización de esas nuevas prácticas que fueron de nueva cuenta concentrando el poder en torno al presidente y sus cercanos.

              Comenzó así a fracasar un sistema de acceso al poder que hasta ese momento tenía claridad en cuanto a procedimientos, requerimientos y condiciones para participar políticamente al interior del PAN: contar con la formación y capacitación que eran requeridas dejó de ser incentivo suficiente, frente a un sistema que se constituía en torno a liderazgos que empezaban a depender más de la cantidad de gente que de su capacidad, talento o trayectoria partidista o ciudadana.

              El primero de los síntomas de estos cambios se manifestó en la unanimidad. Las y los consejeros encargados de elegir al presidente panista lo hicieron, en 2007, con solo un voto en contra, sin rival registrado y con un proyecto de reforma partidista que terminó en una reafiliación completa a nivel nacional.

              Se trataba así de la corporativización del PAN, que ya padeciendo las limitantes del modelo de partido de cuadros, volvía disfuncionales las prácticas democráticas habituales: de nada servía tener la razón en un debate cuando los votos de un consejo ya estaban dictados; de nada servía un gran discurso en defensa de una candidatura si el resultado ya estaba definido; de nada servían trayectorias de labor partidista si el apoyo dado resultaba hacia el candidato perdedor.

              El modelo democrático que había construido el PAN internamente permitía que un debate apasionado revertiera una tendencia de votación; conciliaba intereses en el reparto voluntario de posiciones al adversario; daba a la formación personal un valor que fomentaba el trabajo de ideas, académico y filosófico, que se a base del trabajo político.  

La reunión en torno a liderazgos nacionales –mientras se tuvo la Presidencia de la República– y luego en torno de los liderazgos locales –cuando solo quedan las gubernaturas– llevaron a que la cantidad prevaleciera sobre la calidad: más afiliados controlados equivale a más votos, y así cada asamblea o convención tenía el resultado definido con antelación.

Se asistía quizá sin saberlo al fracaso de un modelo y al necesario y rápido aprendizaje de los antivalores democráticos que se requerían para triunfar en el esquema nuevo.

La Asamblea de marzo de 2013, de nueva cuenta, institucionalizó lo que la práctica ya establecía como regla: de una representación indirecta, la militancia obtuvo el derecho de elegir por voto directo a sus representantes y dirigentes, tras un evento que debió ser suspendido por desmanes y la salida de delegaciones, y en el que contrastaba la euforia de quienes celebraban haber obtenido “el poder de decidir” y quienes entendían la profundidad del cambio que ocurría.

Y fue notorio desde el primer momento: el grupo en la dirigencia cooptó todos los espacios, relegó a vencidos y clausuró su participación. La dialéctica rival-enemigo había pervertido la convivencia democrática; la exclusión y el cierre de afiliaciones, el control del padrón, los liderazgos locales y el espíritu gregario cerraron y excluyeron los espacios de convivencia democrática.

El Consejo Nacional, llamado la “conciencia del partido”, si bien ya había pasado por la unanimidad, ahora la reforzaba con liderazgos locales que se reunían en torno al presidente nacional y la recién creada comisión permanente, hasta el momento el mayor órgano de control. Y se convirtió entonces en la fiesta de las elites: autonombramientos, renuncias para asumir una candidatura y el inmediato regreso a la posición que se renunciaba, reparto entre amistades y cercanos: una red de poder que se extendía por todo el país  de manera corporativa, controlando padrones, repartiendo premios a la lealtad y castigos a los rivales.

La candidatura interna de Ricardo Anaya a la Presidencia de la República con él como único contendiente, la salida de Margarita Zavala de PAN como mayor consecuencia de una proceso interna asimétrico y basado en reglas que no garantizaban la igual competencia, así como la posterior y abrumadora derrota de Acción Nacional en 2018 dejaron en claro que ese nuevo modelo, sustituto de otro que era ya disfuncional, no solo generaba derrotas sino que, además, adoptaba e institucionalizaba como propias las prácticas corporativas del más vetusto priismo.

La lista de requisitos se cumplía: control corporativo de padrones y militancia; caciques locales con control sobre militancia, estructura y candidaturas; incorporación controlada y también corporativizada de nuevos miembros; estructuras costosas, burocráticas y cerradas; control centralizado en liderazgos con gran capacidad operativa, poco conocimiento y un pragmatismo que reduce toda la vida partidista en función de lo electoral.

Reducir la democracia exclusivamente a lo electoral representó, entre los no menores cambios que ha padecido el modelo panista, un fracaso de quien entendía que la democracia implicaba una serie de valores compartidos, una serie de instrumentos que regulaban las inequidades, una serie de prácticas no escritas que permitían la convivencia de lo diverso dentro de una ética partidista, una serie de principios que rigen, facilitan y resuelven los conflictos de la pluralidad.

La “escuela de formación ciudadana” que el PAN ha renunciado a ser desde su praxis democrática requiere una revisión y adecuación de su modelo normativo, que corrija una serie de prácticas que poco aportan a la construcción de una cultura política democrática.

En un momento en que, según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 del INEGI, casi 8 de cada 10 mexicanos están a favor de un gobierno encabezado por un líder político “fuerte”, y que 40% estaría de acuerdo en un gobierno encabezado por militares, impulsar desde la propia autoridad electoral el que los partidos políticos sean capaces de resolver su vida interna a partir de criterios verdaderamente democráticos, se convierte en un asunto urgente para la estabilidad, el presente y el futuro de la propia democracia.

Como en el tema de las cuotas de género en las gubernaturas de este año, el solo hecho de que la autoridad deba obligar a algo que la propia ley marca resulta ya, por desgracia, una derrota de la cultura política. El PAN debe ser capaz, más allá de ordenamientos legales, de actuar en consonancia con los valores democráticos que son la base desde la cual puede promover su doctrina: el humanismo, con su centralidad de la dignidad humana, como base de un pluralismo que sea capa de enfrentar los retos de un siglo XXI cada vez más diverso y complejo.    

  La deriva democrática del PAN coincide con la deriva democrática de México. Reafirmar la vida democrática del PAN no será sin duda suficiente para frenar el retroceso autoritario de México, pero puede dar un nuevo vigor, un nuevo cauce y un paradigma renovado a la lucha por la democracia nacional, a esa “brega de eternidad” panista que hoy exige nuevos puertos. 

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